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El negocio de las facultades de medicina

Josep L. Barona

03.12.2013 | 11:30

La profesión médica fue básicamente una profesión liberal hasta mediados del siglo XX, cuando el acceso a los estudios universitarios (a la formación de profesionales) estaba restringido a una élite social, la asistencia a la enfermedad requería infraestructuras sencillas y el derecho a la salud no se había convertido en uno de los pilares fundamentales de las políticas sociales. Sin embargo, desde el final de la IIª Guerra Mundial varios factores transformaron radicalmente la situación. Por una parte, el derecho a la salud se convirtió en un derecho fundamental o constitucional en muchos países y, en consecuencia, en compromiso de acción política. La incorporación de la sanidad a la agenda política impulsó -en la mayoría de los países democráticos- la construcción de modelos de asistencia sanitaria basados en el concepto de estado de bienestar, que plasmaban en términos de políticas sociales la igualdad de derechos frente a la enfermedad y la muerte. Surgieron entonces los sistemas nacionales o servicios nacionales de salud, que en Europa (y en otros países como Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda...) transformaron la asistencia médica en una actividad colectiva al servicio y en función de las necesidades de los ciudadanos. Si antes había instituciones socio-sanitarias de beneficencia para pobres, junto con una medicina liberal para las clases medias y las élites, el reconocimiento político del derecho a la salud transformó la dimensión política y social de la enfermedad y la medicina, implicando a gobiernos y administraciones.

Por otra parte, el espectacular desarrollo de la tecnología y de las industrias de la salud no solo impulsó la especialización profesional de los sanitarios, sino que hizo imposible la supervivencia del antiguo modelo de la medicina liberal y de la consulta privada como principal escenario del acto asistencial. Las innovaciones tecnológicas requerían de manera creciente infraestructuras hospitalarias y grandes inversiones. En Estados Unidos lo asumieron las compañías aseguradoras mediante empresas de seguros privados; en la mayoría del resto de países occidentales fueron los estados. A pesar de que los sistemas o servicios nacionales de atención a la salud muestran rasgos distintos en cada país en cuanto a la dimensión, organización, financiación, estructura o distribución geográfica, sin embargo, la implicación del estado y de las administraciones públicas en la garantía del derecho a la salud comporta no solo la planificación del modelo y de su financiación, también implica el compromiso del estado en el control de la calidad del servicio y de la formación de los profesionales, que es un aspecto clave para la eficiencia del sistema. Entre los indicadores que se manejan internacionalmente para valorar la calidad de los sistemas de salud figuran indicadores epidemiológicos y demográficos, el número de camas hospitalarias, los recursos tecnológicos, los hospitales de referencia con alta tecnología, los centros de salud o atención primaria, el gasto público en salud, el gasto farmacéutico,... pero también muy principalmente aparece el factor humano, es decir, la calidad de los médicos y enfermeros, el número de profesionales y especialistas. Todo ello significa que regular el número y la calidad de la formación de los profesionales sanitarios no es una cuestión que pueda dejarse a expensas del mercado (oferta/demanda), porque tiene implicaciones importantísimas para el buen funcionamiento del sistema de salud y para la propia salud de la población: es una responsabilidad del estado, del gobierno y de las administraciones públicas.

La apertura de la universidad española durante los años 1970 y 1980 a todas las clases sociales desbordó las facultades de medicina, que fueron las primeras en instaurar limitaciones de acceso, el llamado numerus clausus, para salvaguardar el control de calidad de acuerdo con un criterio doble: la capacidad y uso de las instalaciones para la formación de estudiantes y las necesidades sociales de profesionales, según la dimensión del sistema sanitario y los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Parece evidente que la formación de los médicos es una responsabilidad y un asunto de estado. Esa es la razón por la que en todos los países europeos existe una política estricta al respecto. En países como Noruega, por ejemplo, que encabeza los estándares mundiales económicos y de bienestar, existen solo cuatro facultades de medicina en todo el país, y encontramos proporciones similares en la mayoría de estados europeos.

Por el contrario en España se está produciendo un fenómeno muy preocupante y que apunta a un deterioro en la formación de los médicos. Desde hace años, la Conferencia de Decanos de Medicina ha venido alertando sobre la proliferación de facultades al margen de una planificación fundamentada en las necesidades y los recursos. El comunicado hecho público el pasado 26 de noviembre por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina denunciaba el incremento desmesurado de facultades de medicina, en un país donde los indicadores internacionales vienen siendo satisfactorios. Hemos pasado de 28 facultades de medicina en 2008 a 40 en 2012, con un incremento espectacular de 4500 a 7000 estudiantes. Entre 2008 y 2013 las plazas para estudiar medicina en centros privados se incrementó en 540 frente a 100 en los públicos. En 2008 había 10 estudiantes en centros públicos por cada uno en centros privados, pero en 2013 la proporción se ha reducido a la mitad. La privatización de la educación médica es evidente. Actualmente están en marcha casi una decena de nuevas iniciativas, algunas ya aprobadas por la Agencia Nacional de Evaluación del Ministerio de Educación. La situación valenciana es particularmente escandalosa. La Facultad de Medicina de la Universitat de València desde finales del siglo XV ha venido formando médicos y consolidando equipamientos, instalaciones, laboratorios, grupos y servicios de investigación, hospitales, bibliotecas, infraestructuras informáticas, tecnologías docentes y servicios de todo tipo en el contexto de una universidad moderna con departamentos y organizaciones que a menudo implican a especialistas de diversas áreas profesionales, como corresponde a un centro universitario homologable a escala internacional. Algo semejante puede decirse de la otra universidad pública valenciana, la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche (antes de la Universidad de Alicante), donde, mediante la inversión pública y programas competitivos de financiación, se combina la enseñanza con la investigación de excelencia y la asistencia hospitalaria. Ambas instituciones han gestionado con eficacia la formación de profesionales sanitarios de acuerdo con las estrictas normas de excelencia, equidad y control propio de las universidades públicas. Mediante su labor, y la reciente incorporación de la Universitat Jaume I de Castellón, la sociedad valenciana podría perfectamente disponer de los profesionales sanitarios que necesita.

Sin embargo, al amparo de la gran demanda de estudiantes que no consiguen ser admitidos en las universidades públicas valencianas tras someterse a las pruebas selectivas de acceso a la universidad, durante los últimos años se está produciendo una verdadera burbuja de centros privados como la Universidad Católica de Valencia, el CEU Cardenal Herrera en Castellón, y ahora la Universidad Católica de Alicante (UCA) y la Mare Nostrum University, promovida, esta última, al parecer por "un grupo de inversores de la provincia alicantina" (Redacción Médica, 21/11/2013). Evidentemente, la demanda hace de la formación de médicos un negocio potencial. ¿Es esto admisible desde el punto de vista de las políticas educativas y de las políticas de salud?

La primera consecuencia es la desigualdad de oportunidades (académicas y económicas) que implica la coexistencia y legitimación de dos modelos bien diferentes con respecto a las exigencias de ingreso y también a los estándares de control de calidad, tanto en lo que se refiere a los estudiantes como a profesores e investigadores, instalaciones asistenciales, laboratorios, etc. La permisividad cómplice que se está produciendo por parte de nuestras autoridades hace que los centros privados que cobran elevadas tasas utilicen los hospitales y centros públicos, generando además una burbuja que seguramente generará cuantiosos beneficios económicos a quienes la promueven, pero a costa de reventar el mercado con un exceso de titulados, exprimir los recursos públicos y eludir muchos de los controles estrictos de la universidad pública para la formación de médicos. Cuando el mercado esté agotado, los mercaderes de la salud dirigirán sus empresas hacia otro nicho empresarial, seguramente el de las compañías que aspiran a gestionar los recursos asistenciales. Crear una gran bolsa de profesionales en paro no solo habrá sido un gran negocio para las empresas que promueven facultades privadas, será también un excelente vivero para contratar profesionales baratos en paro al servicio de las empresas que aspiran a gestionar la sanidad.

¿Vamos a aceptar que este capitalismo de la codicia perjudique nuestra salud y ponga en riesgo nuestros servicios asistenciales? ¿Vamos a asistir complacidos o resignados a esta invasión mercantil en un área tan sensible como la sanidad y la formación de los profesionales de la medicina? Sea bienvenida toda iniciativa que mejore los estándares de excelencia tan costosamente alcanzados por las instituciones públicas, pero las autoridades políticas exhiben una gran irresponsabilidad al permitir esa especie de academias con ánimo de lucro, que adoleciendo de cualquier vestigio de excelencia científica son autorizadas para expedir títulos universitarios. El gobierno autonómico y el gobierno central tienen que acotar este despropósito. Y quienes defendemos la sanidad pública, la universidad pública, la planificación política y la equidad de derechos entre los ciudadanos no podemos contemplar resignados el previsible deterioro de la formación de los médicos y de la asistencia sanitaria. Una situación impensable en el contexto de calidad de los países europeos de nuestro entorno. Todos pagaremos las consecuencias del enriquecimiento de unos pocos.

*Catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia