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TRIBUNA

La última medida de contención del gasto farmacéutico es recetar por principio activo. Que los médicos prescriban siempre por la denominación internacional del medicamento (no por su marca comercial) para que los farmacéuticos puedan dispensar el más barato (o uno de los más baratos) de entre los medicamentos iguales fuera de patente. El éxito de esta política dependerá en gran medida de cómo se regule su aplicación práctica. Pero no cabe prever grandes márgenes de ahorro. Ya ahora la “referencia” de financiación de los medicamentos fuera de patente es el precio de referencia. Y el que se sale de ese precio ve penalizado el consumo por la no cofinanciación pública del fármaco. Que se suministre ahora el más barato de entre los que están a precio de referencia, si es el caso, supondrá diferencias de céntimos en el precio de un envase. Que esto realmente suceda dependerá finalmente del dispensador, la farmacia, que no pasa por su mejor momento de colaboración con el financiador público.

Se trata, por lo demás, de una medida radical. Explicable sólo por la falta de otras salidas más responsables entre las partes que entran en la negociación de precios, reembolso y prescripción, y que hasta ahora se han mostrado poco maduras en sus pretensiones. El desbarajuste entre Gobierno (que continúa con medidas improvisadas y poco coherentes), Farmaindustria (colectivo heterogéneo que apenas consigue un consenso entre empresas innovadoras e intereses locales) y oficinas de farmacia (hoy por hoy con sus privilegios mucho y mal alterados) es excesivo para encontrar soluciones razonables.

En Andalucía, donde se inició la aplicación de la medida, su resultado, sin grandes ahorros reales, ha sido el de ahondar el disenso. La parcelación de una modalidad de gasto que debiera verse en su integridad continúa siendo el error de base. En los países desarrollados lo normal es que se recete por principio activo. Pero lo normal también es que el financiador limite su cobertura a algún precio de bioequivalente y que quien quiera algo distinto cubra la diferencia por otros detalles del fármaco que no sean su equivalencia terapéutica.

Ello se produce en ausencia de acuerdos más razonables, como la incorporación de copagos evitables. El prescriptor prescribe por principio activo, ante medicamentos equivalentes en contenido y forma, con genéricos y a precios competitivos, y quien quiera otra cosa paga al completo la diferencia. Pero ni los genéricos son siempre en España los más baratos ni la industria está por la labor de facilitar el intercambio ni los hoy muy enfadados farmacéuticos tienen incentivos para dispensar los más costeeficientes. Muchos nos tememos que esta medida que aumenta los incentivos no alineados entre financiador, prescriptor y dispensador no aumentará la responsabilidad de los médicos ni de los usuarios.

Otro tema es el poder que con la prescripción por principio activo ve acrecentar el dispensador. Hay indicios de que esta selección viene más influida por los descuentos a las farmacias que por otros motivos más sanitarios.

Guillem López Casasnovas. Economista. Universitat Pompeu Fabra.